Estamos aquí, en esta mesa, por los objetivos de desarrollo sostenible, una agenda global que consideramos desde las ciudades que es absolutamente necesaria. Es nuestro principal marco de actuación, que compartimos, y entre esos objetivos de desarrollo sostenible está el número once, que hace referencia específica a la necesidad de desarrollar ciudades sostenibles. Y, por lo tanto, tenemos que trabajar juntos, tenemos que cooperar. Porque, efectivamente, no solo la inmensa mayoría de la población vive hoy en las ciudades, y este proceso de urbanización va a ir a más, como todo el mundo sabe, sino que además la inmensa mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible, la lucha contra la desigualdad, contra la pobreza, la lucha por la educación, por la sanidad… se concretan o no se concretan en nuestras ciudades, en los territorios urbanos.

Por lo tanto, las ciudades somos aliadas clave, este es uno de los principales mensajes que me gustaría transmitir, sobre todo a los representantes de los Estados, y de las Naciones Unidas. Son pocas las oportunidades que tenemos como ciudades de tener esta platea para poder transmitir esta necesidad.

Y, concretamente, como ciudad de Barcelona, como copresidenta de CGLU, quisiera transmitir la urgencia de abordar la cuestión del derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Algo que está reconocido en la agenda urbana, que también nos reúne aquí, a partir de Habitat III, y de los muchos debates que ha originado, y que no es un derecho abstracto, que no es una cuestión abstracta. Yo quisiera hoy transmitir la urgencia de abordar la cuestión de la vivienda como cuestión central y básica para poder garantizar los derechos humanos, en general, y los objetivos de desarrollo sostenible, en concreto.

Ahora mismo, la situación es crítica. Nuestras ciudades están en peligro. Y cuando digo que nuestras ciudades están en peligro quiero decir que la vida en nuestras ciudades está en peligro y que el futuro corre el riesgo de ser aún menos sostenible de lo que es ahora mismo.

Sufrimos un proceso de especulación global, de financierización de la vivienda, de grandes fondos de inversión, de grandes capitales que se mueven sin fronteras, sin ningún tipo de control y que aterrizan en nuestras ciudades, compran centenares o miles de edificios de viviendas, que para ellos son activos inmobiliarios, que son, por lo tanto, números, cifras, que son solo una base para luego trasladarlos a una especulación bursátil donde hacen miles de millones de beneficio.

Pero ese proceso significa que se encarece la vida de nuestros ciudadanos, significa que la vivienda sufre unas subidas cada vez más abusivas, fuera de control. Significa miles y miles de desalojos, significa, por lo tanto, que efectivamente amenaza y pone en peligro la vida de las personas en nuestras ciudades.

Por lo tanto, si estamos de acuerdo en que las ciudades son un territorio clave para el desarrollo concreto de los derechos humanos y de los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que abordar de manera urgente, sin excusas, la garantía del derecho a la vivienda, el acceso a una vivienda asequible.

Y esto es algo que quiero transmitir, lo concreto de esta cuestión. Es decir, que no hablamos en abstracto de derechos. Los alcaldes, los Gobiernos locales, somos la institución más cercana a la ciudadanía. Vivimos en la ciudad, vamos a la escuela, compramos en las tiendas de nuestro barrio, visitamos los barrios, y nos paran cientos, miles de familias, cada vez más, familias quizás vulnerables, excluidas del mercado laboral, pero también, cada vez más, familias de clase media, familias con buenos trabajos, que no pueden pagar la vivienda.

Y lo que quiero transmitir es esta urgencia, el hecho de que estas familias nos digan “alcaldesa, tengo que sacar a los niños de la escuela porque me veo obligada a abandonar nuestro barrio de siempre por culpa del precio de la vivienda”. El impacto que esto tiene en el modelo de ciudad es trágico. Es decir, no podemos permitirnos perder a la ciudadanía, porque entonces perdemos el alma de la ciudad. Lo escribíamos hace poco con el alcalde de Londres, con Sadiq Khan, en un artículo. Decíamos: “Las ciudades no son las calles, no son los edificios. Las ciudades son sobre todo y antes que nada la suma de su gente. Sin gente no hay ciudad. Sin gente no hay sostenibilidad. Sin vida no hay un proyecto sostenible, no solo de ciudad, sino de modelo económico y del conjunto de la sociedad”. Y esto no es una cuestión solo del acceso de las familias a las viviendas. Es también una cuestión económica. En esto también quisiera insistir. Cada vez son más las empresas que me dicen, como les pasa a muchas otras ciudades, “alcaldesa, nos interesa venir a Barcelona”. Y, de hecho, muchas empresas estratégicas como pueden ser las tecnológicas se están instalando en nuestra ciudad, pero están preocupadas por la vivienda, porque necesitan que sus trabajadores vivan en la ciudad, cerca de su trabajo. Y cada vez más a las empresas les cuesta muchísimo encontrar vivienda para sus trabajadores. Por lo tanto, insisto, es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de garantizar la vida en nuestra ciudad, pero es una cuestión también de sostenibilidad económica, es una cuestión de seguridad. Por lo tanto, nos lo jugamos todo en el acceso a la vivienda y en el acceso a la ciudad.

Esta es una de las cuestiones básicas, la emergencia habitacional es mucho más que una cuestión de vivienda, afecta al núcleo de sostenibilidad y desarrollo que queremos tener para nuestras ciudades y nuestras sociedades. Por eso, para nosotros es muy importante estar aquí; después de un largo proceso de muchos debates y del trabajo de mucha gente, muchas ciudades venimos cooperando, y hoy aquí, por primera vez, delante de las Naciones Unidas, muchas ciudades venimos juntas coordinadas con una declaración, a la que hacía referencia antes el presidente Parks Tau, de CGLU, “Cities for Housing”, “Cities for Adequate Housing”. Una declaración por el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad con la voluntad constructiva de encontrar soluciones y concretar puntos a partir de los cuales articular una acción conjunta.

Es una declaración que en pocos meses ha sumado muchos apoyos, de la misma ciudad de Nueva York —donde estamos ahora—, Barcelona, Londres, París, Montreal, Montevideo —que nos acompañan—, Berlín, también... Muchas ciudades, no quisiera olvidarme: Lisboa, Seúl, Durban, Ámsterdam… Ciudades, quiero destacarlo, del norte y del sur. Porque efectivamente cada Estado tiene su regulación, cada ciudad tiene sus peculiaridades. Pero hay una cuestión básica, que es la vida de nuestros ciudadanos en las ciudades y el proceso de especulación global que amenaza esta vida en nuestras ciudades. Ustedes dispondrán de la copia de esta declaración, así que yo ahora no la voy a detallar y, además, hemos impulsado una página web donde van a encontrar disponible esta declaración. Solo destaco los puntos principales en forma de titular. Básicamente, las ciudades decimos: necesitamos garantizar el acceso a la vivienda, y esto pasa por obtener más recursos, necesitamos más recursos para aumentar nuestro parque de vivienda accesible, y necesitamos más competencias. Los Estados tienen que entender que somos las principales aliadas para encontrar y concretar soluciones, pero necesitamos más competencias, concretamente para regular el mercado inmobiliario, para impedir la especulación. Y este es un punto clave que no se puede seguir posponiendo. Es decir, la especulación y la garantía del derecho a la vivienda son contrapuestos. Es imposible garantizar una cosa si se permite la otra.

Por lo tanto, hay que priorizar el derecho a la vivienda ante la especulación, y hacen falta regulaciones específicas que o bien implementan los Estados o bien nos dan las competencias a las ciudades para poder implementarlas. Más competencias, más recursos para aumentar la vivienda asequible, apostando por una diversidad de opciones, es decir, no solo vivienda pública o privada, sino apostando por la vivienda cooperativa, la vivienda comunitaria, la colaboración público-privada. Necesitamos todas las soluciones posibles y necesitamos la corresponsabilidad de todos los actores que intervienen. Y, evidentemente, conjugar el derecho a la vivienda con el derecho a la ciudad. Es decir, esos modelos del pasado, en algunos casos impulsados incluso por grandes agencias de producción industrial de vivienda que no estaba adecuada a la forma de vida, al territorio, a la sostenibilidad, a la cultura del lugar, son obsoletos. Ese modelo ya fracasó, y por lo tanto necesitamos una vivienda adecuada, que sea sostenible y justa y adecuada al territorio en la que se implementa.

Y todo eso lo queremos hacer con la cooperación entre ciudades y, por supuesto, con los Estados. Las ciudades estamos haciendo muchísimo, créanme, pero nosotros sabemos que nos lo jugamos todo, y estamos implementando muchísimas medidas, pero no es suficiente. Os necesitamos. Necesitamos a los Estados, necesitamos a las Naciones Unidas.

Globalmente, tenemos que entender lo que decía: o bien priorizamos la vida o bien permitimos la especulación con la vivienda, y nosotros priorizamos la vida. Creo que estamos impulsando agendas globales que han reunido grandes consensos y que han supuesto un gran trabajo, como son los objetivos de desarrollo sostenible, como es la agenda urbana a partir de Habitat III, como es la declaración contra el cambio climático en París. Son agendas muy importantes con grandes consensos, que todas ellas coinciden en que se tienen que concretar en nuestros territorios, en nuestras ciudades. Por eso les pedimos que cuenten con nosotras.

Hoy los Estados tienen que entender que, igual que el cambio climático es una amenaza para el planeta, la especulación hoy amenaza la vida en nuestras ciudades. Y lo que venimos a pedirles aquí es que confíen en las ciudades. Las ciudades hace tiempo que, como lugar más próximo a la ciudadanía, estamos feminizando la política. La estamos feminizando por pura razón de ser, por nuestra propia naturaleza. Somos el Gobierno de la cotidianeidad. Somos el Gobierno que entiende que no hay nada más importante que la vida humana. Y cooperamos para actuar y para encontrar soluciones. A eso le llamamos “feminizar la política”: poner a las personas en el centro y, en lugar de competir, cooperar para encontrar soluciones. Invitamos a los Estados a sumarse a esta revolución, a la feminización de la política. Es el momento de actuar para garantizar el derecho a la vivienda, para hacer posible la vida en nuestras ciudades. Muchísimas gracias.